OTRO ERROR DEL GOBIERNO DEL CAMBIO
INVITAB MIENTE: JESUS AGUIRRE HERNANDEZ
Un total de 49 hectáreas de terreno para viviendas y no 200 como señalaron en rueda de prensa, han sido las responsables de que las autoridades del Instituto para la Vivienda del Estado de Tabasco (INVITAB) colocaran en “fuego cerrado” al gobierno del cambio, toda vez que sus funcionarios – Manuel Ordóñez Galán y Juan Filigrana Castro- entraron en controversia respecto al destino de este predio, que se encuentra en litigio ante las autoridades federales desde 1994.
Todo comenzó el pasado 18 de febrero, cuando con “bombo y platillo” el director del Invitab, Juan Filigrana Castro, y la responsable de comunicación social, Dolores Gutiérrez Zurita, anunciaron en rueda de prensa “uno de los principales logros del gobierno del cambio”.
Filigrana Castro dijo que luego de 14 años, el Instituto de Vivienda de Tabasco (Invitab) “recuperó” el predio de 200 hectáreas en Casa Blanca-La Ladrillera-Laguna del Negro, con un valor de entre cinco mil y ocho mil millones de pesos.
Recordó que el 22 de octubre de 1994, el Gobierno del Estado adquirió para el Invitab ese terreno, para urbanizar “una de las zonas más importantes de Villahermosa”.
Sin embargo, externó, al paso del tiempo el predio fue invadido por personas que reclamaban la propiedad, por lo que el Invitab tuvo que promover un juicio de nulidad de escritura en contra de Jesús Aguirre Hernández.
El fallo en segunda instancia y definitivo, puntualizó, fue emitido el 12 de febrero de este año.
Destacó que el gobierno de Arturo Núñez Jiménez desarrollará ahí un “eje del centro financiero, comercial, administrativo, hotelero, habitacional y de esparcimiento”.
“Será sin duda una de las obras más grandes del gobierno del licenciado Arturo Núñez”, puntualizando que en la zona serán construidas viviendas, pero de tipo residencial y medio.
Sin embargo, el primer desaguisado sobre el anuncio lo dio el Secretario de Obras Públicas Manuel Ordóñez Galán, quien afirmó que el predio en cuestión no es apto para desarrollo viviendístico.
Ordóñez Galán precisó que la zona mantiene un espejo de agua que debe ser analizado para no provocar un impacto ambiental irreversible.
Un día después, el propietario de los terrenos, Jesús Aguirre Hernández, ofreció una conferencia de prensa, donde señaló que el Invitab y sus abogados engañaron al gobernador Arturo Núñez Jiménez.
“ La actitud irresponsable que asumió el Director del INVITAB al referirse sobre los predios de los cuales tengo la propiedad y posesión de los mismos, que se encuentran ubicados en la Colonia Casa Blanca de esta Ciudad, son un engaño para el gobernador Arturo Núñez Jiménez”.
“La Administración a cargo del Gobernador Arturo Núñez Jiménez, continúa actuando de manera precipitada y con graves errores, puesto que sólo parten de ocurrencias que lo único que hacen es contribuir a generar incertidumbre en la población tabasqueña, cuando lo que necesita Tabasco, es certeza en el actuar”.
El empresario precisó que el Director del INVITAB demostró con su actuar su novatez y falta de conocimientos jurídicos al pretender hacer creer que la resolución emitida por parte de la Primera sala Civil del Tribunal Superior de Justicia dentro del Toca civil número 573/2006, de fecha doce de febrero del año 2013, no admite su impugnación, lo que es grave que el propio Gobierno pretenda deliberadamente limitar o restringir el derecho de defensa que en favor del Ciudadano establece nuestra Constitución Política Mexicana.
De acuerdo a Aguirre Hernández, en ese sentido se traduce en una irresponsabilidad y en una actitud temeraria y dolosa las declaraciones del Director del INVITAB, al hacer declaraciones mediáticas sin sustento alguno, puesto que contrario a sus argumentaciones es importante precisar que la controversia sobre esos predios se encuentran SUBJUDICE, por lo tanto no se puede hablar ni presumir de triunfalismo.
“El pueblo de Tabasco merece que se le hable con la verdad, ya basta de que las instituciones y sus funcionarios sean arrogantes, si en verdad pregonan que es un gobierno del Cambio, deberán actuar con congruencia y en estricto apego a derecho” sostuvo.
Recordó que al asumir su gobierno, el actual gobierno asumió el compromiso público de que se actuará con la Ley en la mano, y no desconocer los procedimientos legales dentro de una controversia.
Al respecto, el Presidente de la Barra de Abogados de Tabasco, Vicente Mota de la O, precisó que en el litigio de los terrenos existe defensa o recursos para impugnar la resolución emitida por el Tribunal de Segunda Instancia, ya que se precisa para todos los efectos legales que en términos del artículo 158 de la Ley de Amparo en Vigor, el suscrito tiene a su favor el derecho de promover el JUICIO DE AMPARO DIRECTO en contra de esa nueva resolución que emitió el Tribunal Superior de Justicia.
“Lo que implica que no se puede considerar como una resolución firme o irrecurrible, por lo que es grave que el Estado intente violentar las garantías del suscrito al desconocer un derecho de defensa que la ley reconoce expresamente”.
En efecto el citado artículo textualmente señala:
EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO ES COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LAS FRACCIONES V Y VI DEL ARTICULO 107 CONSTITUCIONAL, Y PROCEDE CONTRA SENTENCIAS DEFINITIVAS O LAUDOS Y RESOLUCIONES QUE PONGAN FIN AL JUICIO, DICTADOS POR TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO, RESPECTO DE LOS CUALES NO PROCEDA NINGUN RECURSO ORDINARIO POR EL QUE PUEDAN SER MODIFICADOS O REVOCADOS, YA SEA QUE LA VIOLACION SE COMETA EN ELLOS O QUE, COMETIDA DURANTE EL PROCEDIMIENTO, AFECTE A LAS DEFENSAS DEL QUEJOSO, TRASCENDIENDO AL RESULTADO DEL FALLO, Y POR VIOLACIONES DE GARANTIAS COMETIDAS EN LAS PROPIAS SENTENCIAS, LAUDOS O RESOLUCIONES INDICADOS.
PARA LOS EFECTOS DE ESTE ARTICULO, SOLO SERA PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO CONTRA SENTENCIAS DEFINITIVAS O LAUDOS Y RESOLUCIONES QUE PONGAN FIN AL JUICIO, DICTADOS POR TRIBUNALES CIVILES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO, CUANDO SEAN CONTRARIOS A LA LETRA DE LA LEY APLICABLE AL CASO, A SU INTERPRETACION JURIDICA O A LOS PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO A FALTA DE LEY APLICABLE, CUANDO COMPRENDAN ACCIONES, EXCEPCIONES O COSAS QUE NO HAYAN SIDO OBJETO DEL JUICIO, O CUANDO NO LAS COMPRENDAN TODAS, POR OMISION O NEGACION EXPRESA.
Para la Barra Tabasqueña de Abogados, el actuar del Director del INVITAB demuestra un total desconocimiento de las cuestiones jurídicas.
En tanto, Aguirre Hernández, precisó que el pueblo de Tabasco está cansado de discursos falsos y declaraciones mediáticas; “es infundado que se trate del primer logro jurídico del Gobernador Arturo Núñez Jiménez, puesto que lo cierto es de que esa resolución se emite en cumplimiento a una ejecutoria de amparo número 1279/2010 emitida por parte del Tribunal Colegiado en materias civil y del Trabajo”.
De acuerdo a la Ley, jurídicamente el suscrito tiene a su favor como medio de defensa ante el indebido actuar de la Sala Civil, los recursos de Queja por defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, así como el incidente de repetición del acto reclamado, que son figuras jurídicas reconocidas en la Ley de Amparo en sus artículos 95, 96 y 108 respectivamente.
“En consecuencia no se puede utilizar el Derecho como una farsa, ni permite interpretaciones caprichosas o interés personales o subjetivos ni mucho menos para agradar al Gobernador del Estado, por lo tanto si es cierto que fue el propio Gobernador quien lo instruyó para hacer esas declaraciones, es mucho más grave que quien protestó cumplir la Constitución y demás leyes, está actuando al margen de la Ley, resulta preocupante que no se conozcan los alcances de una resolución”, resaltó Aguirre Hernández.
Ese desconocimiento del derecho es la muestra evidente de que no es apto para ese puesto el Director del INVITAB, por lo que el C. Gobernador, debe llevar a la práctica un correcto proceso de selección de las personas que colaboran con su Administración, porque el Pueblo de Tabasco merece servidores que tengan el perfil académico, humano y de valores.
Dentro de este contexto, es irresponsable la declaración del Director de INVITAB, ya que no puede afirmar que en ese lugar se realizará un proyecto de vivienda, cuando en primer lugar no se tiene legalmente la posesión y propiedad de esos predios, en segundo, porque se trata de una zona baja e inundable, y en tercer lugar porque la Laguna del Negro es una zona protegida.
No se puede ofertar un proyecto de vivienda de un día para otro, no es válido partir de las emociones. Sino que es indispensable previamente hacer un estudio de factibilidad serio y responsable y no puede solamente crear falsas promesas mediante declaraciones mediáticas.
Es claro que la verdadera intención del gobierno en el caso particular es hacer un negocio, al pretender obsequiar esos terrenos a bajos costos a la iniciativa privada de reservas territoriales, siendo falso que su preocupación sean los ciudadanos tabasqueños, además de que se les olvida que dentro de esos terrenos existen personas viviendo, las cuales tienen derechos civiles adquiridos, que no pueden ser vulnerados por parte del Estado como lo ha hecho saber públicamente, por lo que es claro que esas declaraciones son irresponsables, temerarias y dolosas por pretender sorprender a la ciudadanía con argumentaciones falsas.
CAJA DE DATOS
Consideraciones de la Barra de Abogados
En tales consideraciones se debe respetar sin excusa alguna, los principios de legalidad y de debido proceso, no se puede conducir un Gobierno con verdades a medias o con ocurrencias como sucede en este caso, por lo tanto, se precisa que aún no se define la verdad legal, el hecho de que exista una sentencia a favor del Estado, de ninguna manera significa que ya quedó firme esa resolución.
Conforme al principio de legalidad previsto por el artículo 16 Constitucional, se pueden distinguir los derechos fundamentales a la seguridad jurídica siguientes:
a) El órgano estatal del que provenga un acto que se traduzca en una molestia debe encontrarse investido con facultades expresamente consignadas en una norma legal (en sentido material) para emitirlo.
b) El acto o procedimiento por el cual se infiere una molestia, debe estar previsto, en cuanto a su sentido y alcance, por una norma legal: de aquí deriva el principio de que ''los órganos o autoridades estatales solo pueden hacer aquello que expresamente les permita la ley.
c) El acto que infiere la molestia debe derivar o estar ordenado en un mandamiento escrito, y
d) El mandamiento escrito en que se ordena que se infiera una molestia debe expresar los preceptos legales en que se fundamenta y las causas legales que la motivan.
En consecuencia no se pude suprimir los derechos del suscrito con abusos del Poder, es peligroso y grave que exista un desconocimiento de la Ley por parte del Director del INVITAB.
